Declaración sobre la situación de niños y niñas no acompañados
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La repatriación de los y las menores que permanecen acogidos en Ceuta suponen una transgresión de los requisitos legales establecidos y una vulneración de los Derechos Humanos.
Hay niños y niñas que escapan de la pobreza, de contextos socioeconómicos complejos o de desprotección institucional en sus países de origen, también hay menores no acompañados que llegan a España huyendo de los conflictos armados, de la persecución o de graves violaciones de derechos humanos que ponen en peligro su integridad física o su vida y que pueden estar en necesidad de protección internacional.
La creciente presencia de niños y niñas es una nota distintiva de las crisis humanitarias migratorias en el sur de Europa. Se trata de un fenómeno estructural que precisa políticas públicas apropiadas. La normativa nacional, comunitaria e internacional marca el interés del menor como valor supremo del ordenamiento jurídico y con esta actuación se incumple de manera flagrante.
Estos niños y niñas, una vez ya en España, se enfrentan a diferentes dificultades relacionadas con las condiciones de recepción y acogimiento, determinación de la edad, obtención de la autorización de residencia, acceso a la educación, falta de medios de vida y oportunidades laborales, rechazo social o la discriminación para salir adelante una vez que cumplen 18 años. Por ello, es necesario continuar con la reforma legislativa sobre el reglamento de extranjería que afronte desde todos los enfoques, jurídicos y sociales principalmente, las medidas necesarias que garanticen el bienestar integral de las niñas y niños no acompañados.
Queremos recordar que estos niños y niñas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por su condición de infancia, por ser migrantes y por no tener referentes familiares y en muchos casos tampoco sociales.
Exigimos y reivindicamos el cumplimiento del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados. Los principios rectores de dicho Protocolo establecen que: Las actuaciones objeto del presente Protocolo marco estarán inspiradas en el principio del interés superior del menor, tal y como ha sido delimitado por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, la Observación General núm. 6 (2005) sobre Trato de los Menores No Acompañados y Separados de su familia fuera de su país de origen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La Política sobre MENA estará orientada a la reagrupación familiar en su país de origen o donde resida su familia o, en su caso, al retorno a su país (servicios de protección del menor) cuando ello sea en su interés superior y de acuerdo con la LOEX y REX, teniendo muy presente que la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959 y la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 establecen la prioridad que debe darse al desarrollo del menor en el seno de su familia o en un ambiente en el que las tradiciones y valores culturales propios tengan una presencia importante, todo ello sin perjuicio que todos esos factores pueden muy bien no concurrir, en cuyo caso el retorno no sería en interés del menor.
La actuación del Ministerio del Interior está vulnerando estos principios vigentes en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Desde Fundipax denunciamos esta situación y consideramos prioritario la implementación de un sistema de acogida basado en la protección e integración de los niños y las niñas migrantes que llegan al país, en el que se tengan en cuenta sus necesidades y garantizando su acompañamiento social integral.
Apoyamos los procedimientos que ha puesto en marcha el Defensor del Pueblo con el objetivo de suspender la actual actuación hacia los niños y niñas.
Seguimos recordando que estos niños y niñas viven lejos de sus hogares por haberse visto obligados a desplazarse a otro país. Migrar, abandonar tu hogar, huir a otro sitio siempre es una situación traumática. Desde Fundipax seguimos comprometidos e intervenciones en la protección y promoción de los Derechos Humanos en dos vertientes: proporcionando servicios asociados a derechos fundamentales a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como concienciándoles sobre ellos; y reclamando a las instituciones responsables las garantías reales y efectivas para su cumplimiento.
No cesaremos de repetir que «la paz es mucho más que la ausencia de guerra». La paz es el respeto a los derechos de las personas, de todas sin excepción, es igualdad, es justicia social, es diálogo, respeto y convivencia. Juntas y juntos estamos construyendo la paz y somos millones de personas en el mundo las que queremos una vida sin violencias.